Las controversiales elecciones de segundo grado

Por Iván C Montecinos

Por fin todo se ejecutó como estaba previsto, la madrugada de este 25 de abril  los partidos políticos FMLN, GANA, CN y PES,  haciendo uso de la “democrática” aritmética parlamentaria, aprobaron, nombraron y juramentaron a  cinco magistrados propietarios con sus suplentes a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), al Fiscal General de la República y al Presidente del Tribunal de Ética Gubernamental. Además, aprobaron mover de la Sala de lo Constitucional  al actual Presidente de la CSJ.

Estos nuevos nombramientos y cambios han sido duramente objetados y denunciados a nivel nacional e internacional por instituciones de la sociedad civil, que sostienen que a la actual Asamblea Legislativa, no le correspondía elegir a estos funcionarios de segundo grado, ya que en su momento eligieron a magistrados de la CSJ, lo cual ha sido ampliamente refutado por aquellos partidos políticos que hoy han elegido,  alegando que la Constitución de la República no se los prohíbe y que en el pasado el partido en el poder actúo de la misma forma.

Ante toda esta maraña de opiniones de los políticos surge una muy valedera interrogante ¿y el pueblo, qué? Pues nada, solo viendo y escuchando como en un juego de ping pong, donde la pelota va rápidamente de un lado a otro, sin comprender la gravedad del accionar de muchos políticos que solamente piensan en como materializar una revancha o alcanzar cuotas de poder que les permita lograr beneficios partidarios y personales.

Es muy difícil para el ciudadano común y en especial aquellos con cierta tendencia ideológica, con el partido  de izquierda, ya que de repente su partido respalda y aprueba la elección de un Fiscal General que en gobiernos anteriores estuvo al servicio de la derecha y que en su momento se le cuestionó fuertemente y hasta pidieron  su destitución  los que hoy lo  eligen y respaldan, al grado que una dirigente de izquierda declaró  “es una buena elección la del fiscal” el cual  fue  solemnemente  juramentado por el actual Presidente del Órgano legislativo. Como se le explica esta fotografía de la juramentación aparecida en los diferentes medios de comunicación, a una gran cantidad de personas  que tenía la esperanza de que en este país se cambiara la muy criticada forma de hacer política y no seguir actuando con las aberraciones del  pasado.

Algunos políticos de izquierda explicaran, que lo actuado es un mal necesario, para evitar que el “enemigo” tenga el menor poder político posible y de esa manera  asegurar una gobernabilidad para el país, como decía Maquiavelo, “el fin justifica los medios”.  Bueno, y los principios cuentan o no cuentan.

Como era de esperar algunos politiqueros disfrutan  su momentáneo triunfo político, se les ha escuchado en entrevistas de radio y televisión enorgullecerse de sus acciones, como lo hizo un diputado  del Departamento de La Unión del extinto PCN, quien expresó sin tapujos su conformidad por haber castigado, alterando la correlación de la  Sala Constitucional de la CSJ. Con suerte este nefasto diputaducho ya no continuara en la Asamblea Legislativa, aunque no es remoto que aparezca al frente de una institución de gobierno como “premio” a sus servicios prestados a la patria ya que para eso comprometieron sus votos.

Difícilmente el país volverá a tener una Sala de lo Constitucional del temple de la actual, donde claramente actúo con mucha independencia emitiendo fallos que afectaron a los diferentes poderes del Estado como son el Ejecutivo y el Legislativo. Ciertamente, los cuatro valientes magistrados, por sus correctas acciones fueron seriamente criticados al grado que la Asamblea Legislativa con los votos de la derecha aprobó el Decreto 437, que trataba de que las resoluciones de la Sala de lo Constitucional fueran con cinco votos y no cuatro como esta establecido en la Constitución de la República. Este decreto generó una verdadera crisis en los tres poderes del Estado y solo la presión de la sociedad civil evitó que se consumara este adefesio jurídico.

Similar situación se puede presentar ahora con lo actuado por varios partidos de la Asamblea Legislativa, por declaraciones de algunos eminentes juristas, es previsible que en un corto tiempo  se presenten amparos y recursos de inconstitucionalidad y sí estos son aceptados por la Corte Suprema de Justicia volveríamos a tener una situación de inestabilidad institucional , lo que no es bueno para un país cuyos ciudadanos están agobiados por serios problemas de supervivencia como son: falta de trabajo,   inseguridad y dificultades en lo económico debido a los  altos precios de los combustibles, canasta familiar y servicios básicos.

Al final lo que cuenta es la política parlamentaria, como muy bien la define un dirigente partidario de izquierda, como “el arte de unir voluntades” lo que sirve para tratar de construir los consensos necesarios, donde no es posible ganar tanto. La gran pregunta es ¿y lo poco o mucho que se gana, a qué  costo?