Después de una breve  calma volvemos a la tempestad

Por Iván C Montecinos

Luego de las vacaciones de Semana Santa, donde por unos días la agenda mediática cambió por completo, olvidándose de los avatares políticos que generalmente dominan los medios de comunicación, esta semana volvemos a nuestra cruda realidad  y a seguir hablando de los  controversiales temas que originan una gran expectativa en la población.

Entre esos temas que se han retomado con mayor fuerza tenemos  las elecciones de segundo grado referentes a cinco magistrados de la Corte Suprema de Justicia y al Fiscal General de la República, por parte de los diputados de la Asamblea legislativa. En este caso, se ha desatado una fuerte polémica  a que sí debe la actual legislatura proceder a la elección de los funcionarios mencionados. El principal partido de oposición ARENA, algunas  instituciones de la sociedad civil, ciertos articulistas y editorialistas, fijan posición y demandan que sea la próxima Asamblea Legislativa quien los nombre.

Sin embargo, el partido en el gobierno FMLN y otros institutos políticos sostienen que no existe ningún inconveniente legal que le impida a la actual Asamblea legislativa, elegir y nombrar a los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia y al Fiscal General de la república, toda vez  exista la correlación de fuerza y los votos necesarios pueden proceder a la elección. Además este jueves un alto dirigente del FMLN, denunció en un programa de entrevistas, que ARENA tiene un plan desestabilizador de ingobernabilidad para los dos últimos años del actual gobierno y que debido a eso se opone a la elección en esta legislatura de los  funcionarios de segundo grado.  

Así como se pintan las cosas, todo parece indicar que en el país poco o nada ha cambiado en materia política, no hay entendimientos entre las diferentes fuerzas partidarias y  seguirá aplicándose la matemática parlamentaria que tan dañina fue en el pasado, ya que esa actitud favorece la compra de voluntades o a las practicas chantajistas de ciertos partidos pequeños que ofrecen sus votos al mejor postor a cambio de prebendas o cuotas partidarias.

Realmente, no debería importar si la a Asamblea Legislativa entrante o saliente eligiera a los funcionarios de segundo grado, toda vez que se hiciera con ética y profesionalismo, pensando en lo más conveniente para el país, con el objetivo fundamental de elegir a las y los mejores profesionales con el perfil idóneo y gran capacidad para trabajar en función de todos los salvadoreños y  que de una vez por todas se dejen de elegir funcionarios convenientes a los intereses de determinados grupos de poder económico y político.

Por otra parte,  los diferentes medios de comunicación han informado algo que ha producido mucha extrañeza en la opinión pública, el hecho de que  han sacado del interior de los centros penales  a los miembros del ejército que en  los últimos meses han realizado el trabajo de seguridad  y revisión de las personas que llegan a visitar a los internos. Hace unos meses las autoridades de seguridad tomaron esta medida alegando la falta de confianza en el trabajo de los tradicionales custodios de las cárceles.

El trabajo de los militares al interior de los penales desde hace un tiempo  fue  denunciado ante organismos de Derechos Humanos, por supuestos malos tratos corporales al revisar a los visitantes, pero  las autoridades de seguridad justificaban esos controles, con el argumento de que era necesario esa rigidez para evitar la introducción de materiales y sustancias prohibidas al interior de las cárceles. Hoy de la noche a la mañana toda cambia, los soldados salen y retoman su labor  los propios custodios de los penales que vuelven a ejercer sus antiguas funciones y las autoridades de seguridad justifican la acción alegando  que ya tienen el personal suficientemente capacitados para ejercer el trabajo de control y revisión al interior de las prisiones.

Muy bien por la humanización de los controles en los centros penales; pero debido a los últimos acontecimientos donde aún no se disipan las dudas en lo referente a una presunta  negociación entre las autoridades de seguridad y los lideres pandilleros, lo cual    ha permitido  una  baja significativa  de los  homicidios y  donde reconocidos lideres delincuentes, quienes  en sendas entrevistas a medios de comunicación reconocieron una virtual tregua entre las pandillas rivales y dieron a conocer una serie de peticiones entre las que demandaban un trato humanitario en la revisión de los familiares que llegan a visitarlos.

Ante todos estos hechos y a falta de una comunicación veraz por parte de las autoridades encargadas de la  seguridad  ya  se comenzaron a verter  opiniones, de que  la determinación de retirar a los militares del interior de las cárceles es parte de la estrategia para cumplir el pacto entre pandillas y que estos sigan cumpliendo su promesa de no atacarse entre sí y con eso mantener disminuido el índice de homicidios diarios. Solo las autoridades correspondientes y los encargados de facilitar estos pactos conocen la realidad de lo que esta ocurriendo con la seguridad del país.