Una resolución judicial anunciada
Por Iván C. Montecinos
La resolución de la Corte Suprema de Justicia, emitida la semana anterior, en torno al caso de los militares resguardados en una guarnición militar, involucrados en el asesinato de los sacerdotes jesuitas y que son reclamados por un juez de una corte española, como muchos lo predijeron; fue totalmente favorable a los imputados, bajo el argumento de que la difusión roja de la INTERPOL, no se refería a una orden de captura y extradición, sino de localización. Por lo tanto, los militares pueden gozar de total libertad, sin peligro de ser capturados por autoridad alguna, con excepción que la orden sea emanada por la Corte Suprema de Justicia.
Como era de esperar, inmediatamente que se conoció esta resolución comenzaron las reacciones en el ámbito nacional e internacional, unas a favor de la resolución, especialmente en círculos cercanos a los militares, amigos, familiares, compañeros de armas y sectores políticos de la derecha. Otras opiniones fueron de desencanto, frustración y repudio expresando la desilusión ante la dificultad de que las instituciones del Estado no funcionan, lo que impide lograr la tan ansiada justicia.
Por su parte los militares demandados ante una corte española publicaron el pasado lunes 29 de agosto en un matutino, un comunicado titulado: “Mensaje a la conciencia nacional” en el cual exponen sus puntos de vista fundamentalmente reiterando su inocencia con la querella iniciada en un tribunal de la Audiencia Nacional Española. También, exponen su rechazo a la tesis sostenida por el juez español, Eloy Velasco Núñez de que los procesos realizados en El Salvador relacionados con los hechos que se les imputan hayan sido fraudulentos.
El comunicado de los militares imputados condena públicamente la “abusiva intromisión” del juez español en asuntos internos de nuestro país y demandan “respeto a la soberanía nacional, al principio de igualdad de los derechos, a la libre determinación y la igualdad soberana de los pueblos”. Así mismo, agradecen a “Dios todopoderoso a los compañeros de armas, familiares y amigos, hombres, mujeres jóvenes que con su apoyo y oración nos permitieron actuar con dignidad en nuestra lucha por la justicia”.
Para finalizar, el comunicado de los militares imputados dice: “Como soldados no queremos volver al pasado de violencia, confundiendo la justicia con venganza” …“caminemos por el camino correcto, sin ofensas, ni rencores, solo así podremos encontrar la paz y la armonía que tanto ansía nuestra patria”.
Por otra parte, el pasado martes 30 de agosto; la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (UCA) invitó a una Cátedra de Realidad Nacional, donde las autoridades universitarias expusieron la posición referente al juicio de los militares imputados en el asesinato de dos mujeres salvadoreñas y seis sacerdotes jesuitas, ventilado en una corte judicial española. La cátedra fue impartida por los sacerdotes jesuitas José María Tojeira, el Rector Andreu Oliva; y el Director del Instituto de Derechos Humanos de la UCA ( IDHUCA), Lic. Benjamín Cuellar.
El Padre Tojeira en su intervención hizo un completo relato histórico-cronológico del proceso judicial que se realizó en el país a los militares que participaron directamente en el asesinato de los sacerdotes jesuitas, la empleada y su hija. Resaltó sobre todo el entramado y las argucias utilizadas por las diferentes instituciones del Estado encargadas de impartir justicia y que hicieron hasta lo imposible para que esta no se concretizara.
El ex rector de la UCA Detalló como la Corte Interamericana de Derechos Humanos nueve años después del asesinato resuelve recomendar al Gobierno una serie de acciones para hacer justicia en el caso y como el entonces Presidente Francisco Flores Pérez con relación a esto dijo que como eran recomendaciones, simplemente no las cumplirían.
Por su parte el Director del IDHUCA, Benjamín Cuellar, expuso con claridad la situación con relación al juicio promovido en una Corte judicial de España y, en especial, se refirió a la Difusión Roja emitida por la INTERPOL en contra 10 militares salvadoreños, donde implícitamente pedía su captura para ventilar la extradición a España. Cuellar demostró con argumentos el mal proceder de los Magistrados de la CSJ, que firmaron la resolución donde deciden no acatar lo mandado por la INTERPOL y dejan en libertad a los militares imputados.
Finalmente, el Rector del UCA el sacerdote jesuita Andreu Oliva leyó un comunicado donde la Universidad Centroamericana fija posición ante los acontecimientos nacionales derivados del auto de procesamiento de la Audiencia Nacional Española.
El comunicado destaca que “La UCA no puede aceptar moralmente la resolución del pleno de la Corte Suprema de Justicia, que obliga a dejar libre a los militares inculpados en el caso. Y no puede porque es una decisión política que no esta apegada a derecho. Es una decisión que irrespeta el derecho vigente en El Salvador y el derecho internacional. Es una decisión fundamentada en la mentira”.
También el pronunciamiento dice que “La sociedad salvadoreña ha recibido una información muy sesgada sobre el caso; los grandes medios de comunicación social han favorecido en su cobertura las opiniones y argumentos que afirman que el hecho ya ha sido juzgado, que ya prescribió, que la ley de amnistía impide cualquier juicio, que la Audiencia Nacional no tiene competencia, que el caso supone abrir las heridas del pasado y que la paz esta por encima de la justicia”.
El comunicado se refiere a que la mayor parte de la información y de las opiniones que se han vertido no responden a la realidad, sino a la defensa de intereses particulares, en especial de aquellos que decidieron y planificaron masacres contra el pueblo salvadoreño.
Mas adelante se aclara lo siguiente: “ La UCA ni ha promovido ni es parte del proceso que sigue la Audiencia Nacional de España, pues nuestro principal interés es que el sistema judicial salvadoreño funcione y sea capaz de impartir verdadera justicia. Respetamos profundamente el derecho de las victimas a buscar justicia donde se les escuche y puedan obtenerla.
Explica el comunicado que este caso no es verdadero que se trate cosa juzgada ya que solo fueron juzgados los hechores materiales de la masacre y en condiciones desfavorables para establecer justicia. “Los autores intelectuales, las más altas autoridades de las Fuerzas Armadas de aquel momento los que planificaron y ordenaron la masacre, los que en su momento fueron señalados por la Comisión de la Verdad como responsables de aquel horrendo crimen, nunca han sido sentados en el banquillo de los acusados”.
El comunicado enfatiza que “la UCA esta plenamente dispuesta al perdón. Pero siguiendo la tradición cristiana y católica, el proceso de reconciliación implica tres fases sin las cuales no es posible el perdón y estas son: Verdad, Justicia y Perdón”.
Finalmente, el pronunciamiento hace alusión a lo siguiente: “que el Presidente de la República se sienta satisfecho por esta resolución del pleno de la Corte nos produce mucha tristeza, pues con esa posición se pone del lado de aquellos que están dispuestos a impedir que resplandezca la verdad y la justicia, frustrando la esperanza de cambio que prometió al país”.
No hay comentarios:
Publicar un comentario