El fantasma del pasado asusta en el presente
Por Iván C. Montecinos
El inicio de esta semana llegó acompañado de una noticia que ha desatado una fuerte controversia en los diferentes medios de comunicación, la entrega voluntaria de un grupo de militares requeridos por un juez español para ser juzgados por el asesinato de los sacerdotes jesuitas, una empleada y su hija, terrible hecho ocurrido en el marco de la ofensiva guerrillera de noviembre de 1989.
El acto de que estos militares se hayan “resguardado” en el recinto del ex cuartel de la extinta Guardia Nacional, ha provocado una serie de opiniones encontradas, unas a favor de que sean juzgados y otros argumentando que este proceso reabre las heridas de la pasada guerra y por consiguiente este hecho pone en peligro la democracia y la paz del país.
Cómo es de frágil nuestra democracia, pensar que una acción generada por una instancia judicial extranjera ha puesto en la picota a instituciones salvadoreñas, como la Policía Nacional Civil, la Corte Suprema de Justicia (CSJ), la Presidencia de la República, el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Asamblea Legislativa, además del estamento militar, político y gremiales del gran sector empresarial.
Los diversos medios de comunicación en el transcurso de la semana no han parado de informar y analizar esta temática, por ahí han desfilado todo tipo de personajes, algunos con conocimiento, tratando de explicar las diferentes partes que comprende este tipo de procesos judiciales, otros, como ciertos políticos, no tienen ni la menor idea de lo que exponen, hablan pura verborrea, repiten como loros argumentos etiquetados, diciendo que de permitir que se juzguen a estos militares el país esta retrocediendo a épocas de la guerra y deben ser enjuiciados unos y otros participes del pasado conflicto armado, etc.
Toda esta difícil situación que hoy se plantea al país después de casi dos décadas de haberse firmado los Acuerdos de Paz, nos lleva a la reflexión de que sí en su debido momento las diversas instituciones del Estado salvadoreño hubieran funcionado como debería de ser, es decir cumplir con la aplicación de justicia, no se estuviera hablando del pasado; pero lastimosamente en aquellos tiempos solamente se preocuparon por proteger a los supuestos responsables de cometer graves violaciones de los Derechos Humanos, con lo cual se potenció la impunidad, para algunos organismos especialistas en el tema, una muestra de ello es la controversial ley de amnistía.
Nunca se pensó en que para sanar y cerrar las heridas dejadas por la cruenta guerra civil era necesario conocer la verdad sobre las graves violaciones a los Derechos Humanos y aquellas instituciones o personas señaladas en estos hechos hubieran sido juzgadas para esclarecer su culpabilidad o inocencia. Luego se hubiera pasado a un proceso de verdadera reconciliación.
Ante la dificultad de lograr que en el país se hiciera justicia en los casos de graves violaciones de derechos humanos, algunos organismos nacionales e internacionales en representación de las victimas han recurrido a buscar justicia en otros Estados y es así que hoy el país se encuentra sumergido en un mar de controversias por uno de los tantos casos graves, tipificado como “Crimen de Lesa Humanidad”, el cual es ventilado en una Corte Judicial de España.
Difícil es para una instancia judicial extranjera llevar adelante un juicio como el que hoy se promueve por el asesinato de sacerdotes de nacionalidad española, máxime cuando se encontrarán serios obstáculos para realizar una extradición de los imputados.
El Director del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana, Benjamín Cuellar, expresó durante una entrevista, sus dudas de que la Corte Suprema de Justicia resuelva favorablemente una extradición de los militares imputados, debido a que hace un tiempo el Juez español, Eloy Velasco, requirió documentación pertinente sobre este caso y la máxima instancia judicial salvadoreña se negó a entregársela por lo cual considera que de igual forma actuara ahora.
Pase lo que pase con el tiempo se conocerán los resultados sobre este publicitado caso; pero lo cierto es que mientras tanto aquí en el país los militares requeridos en España, están siendo sometidos a un juicio mediático basado en una serie de especulaciones que provoca mayor incertidumbre a los implicados, sus familias y la sociedad. Como bien dijera el Procurador de Derechos Humanos, Oscar Luna, “no hay que adelantar juicios, se debe dejar que la justicia funcione”.
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