Mirarse en el espejo de la tragedia de Honduras

Por Iván C Montecinos

Horror y consternación es la reacción mundial al conocerse el pasado miércoles, la noticia sobre el incendio en una prisión en el país de Honduras, donde se contabilizan más de 350 prisioneros fallecidos y decenas de heridos, por causas de las pavorosas llamas de un fuego que aún no se determina cuales fueron  las causas  que lo provocaron y que destruyera  parte del recinto carcelario ubicado en la ciudad de Comayagua a 75 kilómetros de la capital Tegucigalpa.  

Al leer  los diferentes periódicos hondureños, queda claro la magnitud de  esta tragedia,  plasmada en dramáticas imágenes y testimonios  vividos por reclusos que se salvaron milagrosamente de morir calcinados. También es impresionante el dolor y la angustia de los familiares que han perdido a sus parientes en uno de los mayores incidentes carcelarios de Latinoamérica.

Como bien dice un viejo refrán “cuando veas la barba del vecino cortar, pon la tuya a remojar” y, ciertamente,  lo sucedido en la prisión de Honduras debe llevar a nuestras autoridades de seguridad a disparar las alarmas y tomar todas las precauciones necesarias para evitar que una tragedia de esta magnitud pueda suceder en algún reclusorio de El Salvador.

Recordemos que en nuestro país ya han ocurrido sucesos  similares, aunque de menor envergadura como el ocurrido  el 10 de noviembre de 2010 donde  un incendio en el Centro Alternativo de Jóvenes Infractores, ubicado en la ciudad de Ilobasco, Cabañas, fallecieran 27 internos y 11 resultaron con severas quemaduras.

Sin lugar a dudas, el sistema carcelario del país es una potencial bomba de tiempo; ya que las cárceles están sobresaturadas de internos y se estima que están hacinadas en 300% de su capacidad real.

El pasado domingo 12 de febrero, un matutino informaba que el gobierno no tiene dinero para terminar la construcción de  nuevos centros penales.  El Ministro de Justicia y Seguridad  declaró que están buscando los fondos para reanudar los trabajos  del penal de Izalco.

Ciertamente, el sistema penitenciario de El Salvador se encuentra colapsado ya que actualmente, según informes de las autoridades correspondientes, hay un total de 25443 internos en prisión en una infraestructura con capacidad para 8000 reos.

Por otra parte, es muy lamentable que cuando se dan hechos trágicos como el ocurrido en Honduras, inmediatamente en los diferentes medios de comunicación, se vierten opiniones totalmente deshumanizadas, donde algunos expresan su regocijo por tantas muertes, como si no se tratara de seres humanos.  Hay  que  recordar que en las prisiones no solamente hay asesinos o delincuentes violentos; aquí también llegan muchos castigados injustamente o  acusados por delitos menores como robos de gallinas, recordemos las palabras  del profeta Romero, “la justicia es como la serpiente solo muerde a los descalzos”.

A propósito de injusticias, en días pasados fue presentada en televisión las imágenes de una joven madre soltera  que se encuentra guardando prisión  acusada de haber dejado solos a sus pequeños hijos que estuvieron a punto de perecer al incendiarse su humilde vivienda. En este dramático caso la joven madre obligadamente  dejó  a sus hijos encerrados en la vivienda, ya que tenía que ir a buscar el sustento diario para ellos y  no tenía  quien se los cuidara, aquí surge las interrogantes ¿no será suficiente castigo para esta progenitora,  la angustia de que casi pierde sus pequeños y la perdida de sus pocos enseres domésticos? ¿Qué hace el Estado para proteger  a una madre soltera que vive en extrema pobreza? ¿De qué justicia hablamos y para quién?

Retomando el tema  de las  cárceles, hace pocos días se conoció que las nuevas autoridades de seguridad están implementando como medida preventiva llevar a jóvenes estudiantes de escuelas públicas   a visitar algunas prisiones,  para que estos vean las terribles condiciones en que se encuentran los reclusos y esto les sirva de escarnio  a los estudiantes,  para evitar caer en situaciones delictivas.

Ante esta absurda medida las preguntas obligadas son: ¿se han hecho los estudios psicológicos necesarios que pueden afectar a los estudiantes? ¿Se ha consultado a los padres de familia o a las autoridades de educación  sobre  este tipo de medidas? ¿Aplicarán esta situación a los colegios privados o se hará solamente,  con los jóvenes de bajos recursos? En este caso las autoridades tienen mucho que responder.