Las controversiales elecciones de segundo grado

Por Iván C Montecinos

Por fin todo se ejecutó como estaba previsto, la madrugada de este 25 de abril  los partidos políticos FMLN, GANA, CN y PES,  haciendo uso de la “democrática” aritmética parlamentaria, aprobaron, nombraron y juramentaron a  cinco magistrados propietarios con sus suplentes a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), al Fiscal General de la República y al Presidente del Tribunal de Ética Gubernamental. Además, aprobaron mover de la Sala de lo Constitucional  al actual Presidente de la CSJ.

Estos nuevos nombramientos y cambios han sido duramente objetados y denunciados a nivel nacional e internacional por instituciones de la sociedad civil, que sostienen que a la actual Asamblea Legislativa, no le correspondía elegir a estos funcionarios de segundo grado, ya que en su momento eligieron a magistrados de la CSJ, lo cual ha sido ampliamente refutado por aquellos partidos políticos que hoy han elegido,  alegando que la Constitución de la República no se los prohíbe y que en el pasado el partido en el poder actúo de la misma forma.

Ante toda esta maraña de opiniones de los políticos surge una muy valedera interrogante ¿y el pueblo, qué? Pues nada, solo viendo y escuchando como en un juego de ping pong, donde la pelota va rápidamente de un lado a otro, sin comprender la gravedad del accionar de muchos políticos que solamente piensan en como materializar una revancha o alcanzar cuotas de poder que les permita lograr beneficios partidarios y personales.

Es muy difícil para el ciudadano común y en especial aquellos con cierta tendencia ideológica, con el partido  de izquierda, ya que de repente su partido respalda y aprueba la elección de un Fiscal General que en gobiernos anteriores estuvo al servicio de la derecha y que en su momento se le cuestionó fuertemente y hasta pidieron  su destitución  los que hoy lo  eligen y respaldan, al grado que una dirigente de izquierda declaró  “es una buena elección la del fiscal” el cual  fue  solemnemente  juramentado por el actual Presidente del Órgano legislativo. Como se le explica esta fotografía de la juramentación aparecida en los diferentes medios de comunicación, a una gran cantidad de personas  que tenía la esperanza de que en este país se cambiara la muy criticada forma de hacer política y no seguir actuando con las aberraciones del  pasado.

Algunos políticos de izquierda explicaran, que lo actuado es un mal necesario, para evitar que el “enemigo” tenga el menor poder político posible y de esa manera  asegurar una gobernabilidad para el país, como decía Maquiavelo, “el fin justifica los medios”.  Bueno, y los principios cuentan o no cuentan.

Como era de esperar algunos politiqueros disfrutan  su momentáneo triunfo político, se les ha escuchado en entrevistas de radio y televisión enorgullecerse de sus acciones, como lo hizo un diputado  del Departamento de La Unión del extinto PCN, quien expresó sin tapujos su conformidad por haber castigado, alterando la correlación de la  Sala Constitucional de la CSJ. Con suerte este nefasto diputaducho ya no continuara en la Asamblea Legislativa, aunque no es remoto que aparezca al frente de una institución de gobierno como “premio” a sus servicios prestados a la patria ya que para eso comprometieron sus votos.

Difícilmente el país volverá a tener una Sala de lo Constitucional del temple de la actual, donde claramente actúo con mucha independencia emitiendo fallos que afectaron a los diferentes poderes del Estado como son el Ejecutivo y el Legislativo. Ciertamente, los cuatro valientes magistrados, por sus correctas acciones fueron seriamente criticados al grado que la Asamblea Legislativa con los votos de la derecha aprobó el Decreto 437, que trataba de que las resoluciones de la Sala de lo Constitucional fueran con cinco votos y no cuatro como esta establecido en la Constitución de la República. Este decreto generó una verdadera crisis en los tres poderes del Estado y solo la presión de la sociedad civil evitó que se consumara este adefesio jurídico.

Similar situación se puede presentar ahora con lo actuado por varios partidos de la Asamblea Legislativa, por declaraciones de algunos eminentes juristas, es previsible que en un corto tiempo  se presenten amparos y recursos de inconstitucionalidad y sí estos son aceptados por la Corte Suprema de Justicia volveríamos a tener una situación de inestabilidad institucional , lo que no es bueno para un país cuyos ciudadanos están agobiados por serios problemas de supervivencia como son: falta de trabajo,   inseguridad y dificultades en lo económico debido a los  altos precios de los combustibles, canasta familiar y servicios básicos.

Al final lo que cuenta es la política parlamentaria, como muy bien la define un dirigente partidario de izquierda, como “el arte de unir voluntades” lo que sirve para tratar de construir los consensos necesarios, donde no es posible ganar tanto. La gran pregunta es ¿y lo poco o mucho que se gana, a qué  costo?  

Importante foro sobre  crimen organizado

Por Iván C Montecinos

El 17 de abril de este año, se realizó, en nuestro país,  el  importante foro denominado “Políticas públicas para enfrentar el crimen organizado en Centroamérica”, dicho evento fue patrocinado por el  periódico digital El Faro, la fundación alemana Friedrich Ebert Stiftung (FES) y la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (UCA). El ponente principal fue el Doctor Edgardo Buscaglia, experto internacional en Seguridad Pública.

La ponencia del Doctor Buscaglia, con relación  al crimen organizado en la región, hace aterrizar y poner los pies sobre la tierra,  una situación muy compleja y fue claro al decir que  es un mal difícil  de combatir en  un solo gobierno, por lo tanto, es necesario implementar políticas de Estado que le tocará desarrollar a varias gobernaturas; pero para que existan políticas de Estado tiene  que haber un acuerdo político entre todas las facciones o partidos  de un país, además señaló la premisa de que en El Salvador no hay políticas de Estado con relación a la delincuencia organizada.

La delincuencia organizada se mide a través de indicadores que tipifican 23 tipos de delitos económicos  que cometen las empresas criminales que van desde los más graves como son: trata de seres humanos, tráfico de órganos y de ilegales, trafico de armas, de  estupefacientes y otros. La región se ha transformado en un transito de delincuencia organizada transnacional que va mucho más allá de la centroamericana y mexicana.

El expositor describe la delincuencia organizada como empresas criminales que  obviamente  no son legales, en el sentido de la palabra; pero que están compuestas por porciones ilegales y empresas legales, que están debidamente registradas por  la propiedad mercantil, y  son  las que proveen los sistemas de transporte y de almacenamiento para guardar personas, drogas, armas etc.

El Doctor Buscaglia describió que las empresas criminales también son asistidas por porciones de los Estados como cuando un grupo criminal se apropia y  utiliza a personal policial para que estos estén a su servicio y puedan limpiar una región de grupos adversarios como  ocurre en México con los “matazetas”. Por lo tanto, no se debe ver a los grupos criminales como un grupito de gorditos que van armados; porque segmentos del Estado y  del sector privado forma parte de los grupos criminales operativamente hablando que no solamente sirven para el lavado de dinero, esto se encuentra en los expedientes judiciales de países que llevan adelante estas investigaciones adecuadamente como Francia, España, Alemania, Canadá, Estados Unidos.

El exponente celebró que en la reciente cumbre de presidentes, en Cartagena, Colombia; se haya reconocido al nivel más alto, que las políticas represivas contra el crimen organizado, han sido un enorme  fracaso ya que estas políticas  causan la “paradoja de la reprensión”. Una delincuencia organizada que no se le quita su estructura económica y patrimonial que le permite transportar,  producir y distribuir, y a esto se le agrega que   tampoco se le elimina la protección política que le dan   ciertos funcionarios públicos y simplemente se le tira más soldados y fiscales, la empresa criminal reacciona elevando el flujo de dinero con los cuales aumenta considerablemente  los niveles de corrupción, lo que conlleva reclutar más policías y militares. Por otra parte la delincuencia organizada  para neutralizar los esfuerzos represivos del estado  utilizan la estrategia de aumentar los niveles de violencia.

Para combatir efectivamente el crimen organizado, sostiene el Doctor Buscaglia,  es necesario e importante que los países apliquen  la llamada “Convención  de Palermo” que uno de sus componentes esta basado en  la represión, la cual en un Estado de derecho, entre otras cosas exige,  sentencias judiciales  que deben  respetar las catorce convenciones de las Naciones Unidas que plasman  58 derechos humanos.

En algunos casos, el sistema judicial de los países, viola la Convención de Palermo  contra la delincuencia organizada, al cometer errores adrede, bien  por ignorancia, corrupción,  acción  u omisión durante el procesamiento de la investigación.Cuanto más errores comete el sistema judicial más aumenta la delincuencia organizada; por eso es importante mejorar la efectividad del sistema judicial.

Una situación muy importante en países de la región, mencionada por el Doctor Buscaglia,  es que nos encontramos con   sistemas  políticos que impiden, por ejemplo, la designación de  fiscales autónomos que puedan acusar independientemente a través de criterios motivados y fundamentados, bajo una vigilancia y control del congreso por medio de comisiones representados por todos los partidos políticos que los monitoreen. Estos controles judiciales en países como el muestro no han sido aprobados por los sistemas políticos y esta ausencia genera mayor impunidad, lo que se traduce en una delincuencia organizada como la que se expresa  en El Salvador, donde se estima existe más de un ochenta por ciento de impunidad.

Para finalizar la exposición, el Doctor Buscaglia habló sobre los beneficios procesales a pandillas y grupos criminales contemplados en el código, se puede dar y abrir canales de rehabilitación a  muchos  grupos y sus miembros jóvenes, siempre y cuando se determine que no haya acusaciones por delitos graves contra algunos de ellos; pero el Estado no puede dar amnistías generalizadas porque se transforma en Estado fallido.

“No hay paz sin justicia, el sistema judicial tiene que  funcionar es la única manera de que las sociedades civilizadas hayan sobrevivido a través de cientos de años”.      

Después de una breve  calma volvemos a la tempestad

Por Iván C Montecinos

Luego de las vacaciones de Semana Santa, donde por unos días la agenda mediática cambió por completo, olvidándose de los avatares políticos que generalmente dominan los medios de comunicación, esta semana volvemos a nuestra cruda realidad  y a seguir hablando de los  controversiales temas que originan una gran expectativa en la población.

Entre esos temas que se han retomado con mayor fuerza tenemos  las elecciones de segundo grado referentes a cinco magistrados de la Corte Suprema de Justicia y al Fiscal General de la República, por parte de los diputados de la Asamblea legislativa. En este caso, se ha desatado una fuerte polémica  a que sí debe la actual legislatura proceder a la elección de los funcionarios mencionados. El principal partido de oposición ARENA, algunas  instituciones de la sociedad civil, ciertos articulistas y editorialistas, fijan posición y demandan que sea la próxima Asamblea Legislativa quien los nombre.

Sin embargo, el partido en el gobierno FMLN y otros institutos políticos sostienen que no existe ningún inconveniente legal que le impida a la actual Asamblea legislativa, elegir y nombrar a los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia y al Fiscal General de la república, toda vez  exista la correlación de fuerza y los votos necesarios pueden proceder a la elección. Además este jueves un alto dirigente del FMLN, denunció en un programa de entrevistas, que ARENA tiene un plan desestabilizador de ingobernabilidad para los dos últimos años del actual gobierno y que debido a eso se opone a la elección en esta legislatura de los  funcionarios de segundo grado.  

Así como se pintan las cosas, todo parece indicar que en el país poco o nada ha cambiado en materia política, no hay entendimientos entre las diferentes fuerzas partidarias y  seguirá aplicándose la matemática parlamentaria que tan dañina fue en el pasado, ya que esa actitud favorece la compra de voluntades o a las practicas chantajistas de ciertos partidos pequeños que ofrecen sus votos al mejor postor a cambio de prebendas o cuotas partidarias.

Realmente, no debería importar si la a Asamblea Legislativa entrante o saliente eligiera a los funcionarios de segundo grado, toda vez que se hiciera con ética y profesionalismo, pensando en lo más conveniente para el país, con el objetivo fundamental de elegir a las y los mejores profesionales con el perfil idóneo y gran capacidad para trabajar en función de todos los salvadoreños y  que de una vez por todas se dejen de elegir funcionarios convenientes a los intereses de determinados grupos de poder económico y político.

Por otra parte,  los diferentes medios de comunicación han informado algo que ha producido mucha extrañeza en la opinión pública, el hecho de que  han sacado del interior de los centros penales  a los miembros del ejército que en  los últimos meses han realizado el trabajo de seguridad  y revisión de las personas que llegan a visitar a los internos. Hace unos meses las autoridades de seguridad tomaron esta medida alegando la falta de confianza en el trabajo de los tradicionales custodios de las cárceles.

El trabajo de los militares al interior de los penales desde hace un tiempo  fue  denunciado ante organismos de Derechos Humanos, por supuestos malos tratos corporales al revisar a los visitantes, pero  las autoridades de seguridad justificaban esos controles, con el argumento de que era necesario esa rigidez para evitar la introducción de materiales y sustancias prohibidas al interior de las cárceles. Hoy de la noche a la mañana toda cambia, los soldados salen y retoman su labor  los propios custodios de los penales que vuelven a ejercer sus antiguas funciones y las autoridades de seguridad justifican la acción alegando  que ya tienen el personal suficientemente capacitados para ejercer el trabajo de control y revisión al interior de las prisiones.

Muy bien por la humanización de los controles en los centros penales; pero debido a los últimos acontecimientos donde aún no se disipan las dudas en lo referente a una presunta  negociación entre las autoridades de seguridad y los lideres pandilleros, lo cual    ha permitido  una  baja significativa  de los  homicidios y  donde reconocidos lideres delincuentes, quienes  en sendas entrevistas a medios de comunicación reconocieron una virtual tregua entre las pandillas rivales y dieron a conocer una serie de peticiones entre las que demandaban un trato humanitario en la revisión de los familiares que llegan a visitarlos.

Ante todos estos hechos y a falta de una comunicación veraz por parte de las autoridades encargadas de la  seguridad  ya  se comenzaron a verter  opiniones, de que  la determinación de retirar a los militares del interior de las cárceles es parte de la estrategia para cumplir el pacto entre pandillas y que estos sigan cumpliendo su promesa de no atacarse entre sí y con eso mantener disminuido el índice de homicidios diarios. Solo las autoridades correspondientes y los encargados de facilitar estos pactos conocen la realidad de lo que esta ocurriendo con la seguridad del país.