miércoles, 31 de agosto de 2011

Una resolución judicial  anunciada

Por Iván C. Montecinos

La resolución de la  Corte Suprema de Justicia, emitida la semana anterior,  en torno al caso de los militares resguardados en una guarnición militar,  involucrados en  el asesinato de los sacerdotes jesuitas y que son reclamados por un juez de una corte  española, como muchos lo predijeron; fue totalmente favorable a los imputados, bajo el argumento de que la difusión roja de la INTERPOL,  no se refería a una orden de captura y extradición, sino de localización. Por lo tanto, los militares pueden gozar de total libertad, sin peligro de ser capturados por autoridad alguna, con excepción que la orden sea emanada por la Corte Suprema de Justicia.

Como era de esperar, inmediatamente que se conoció esta resolución  comenzaron  las reacciones  en el ámbito nacional e internacional, unas a favor de la resolución, especialmente en círculos cercanos a los militares, amigos, familiares, compañeros de armas y sectores políticos de la derecha. Otras opiniones fueron de desencanto, frustración y repudio expresando la desilusión ante la dificultad de que las instituciones del Estado no funcionan, lo que impide  lograr la tan ansiada justicia.

Por su parte los militares demandados ante una corte  española publicaron el pasado lunes 29 de agosto en un matutino, un comunicado titulado: “Mensaje a la conciencia nacional” en el cual exponen sus puntos de vista  fundamentalmente reiterando su inocencia con  la querella iniciada en un tribunal de la Audiencia Nacional Española. También, exponen su rechazo a la tesis sostenida por el juez español, Eloy Velasco Núñez de que los procesos realizados en El Salvador relacionados con los hechos que se les imputan hayan sido fraudulentos.

El comunicado de los militares imputados condena públicamente la “abusiva intromisión” del juez español en asuntos internos de nuestro país y demandan “respeto a la soberanía nacional, al principio de igualdad de los derechos, a la libre determinación y la igualdad soberana de los pueblos”. Así mismo, agradecen a “Dios todopoderoso a los compañeros de armas, familiares y amigos, hombres, mujeres jóvenes  que con su apoyo y oración nos permitieron actuar con dignidad en nuestra lucha por la justicia”.

Para finalizar, el comunicado de los militares imputados dice: “Como soldados no queremos volver al pasado de violencia, confundiendo la justicia con venganza” …“caminemos por el camino correcto, sin ofensas, ni rencores, solo así podremos encontrar la paz y la armonía que tanto ansía nuestra patria”.

Por otra parte, el pasado martes 30 de agosto;  la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (UCA) invitó a una Cátedra de Realidad Nacional, donde las autoridades universitarias expusieron la posición referente al juicio de los militares imputados en el asesinato de dos mujeres salvadoreñas y seis sacerdotes jesuitas, ventilado en una corte judicial española. La cátedra fue impartida por los sacerdotes jesuitas José María Tojeira, el Rector Andreu Oliva; y el Director del Instituto de Derechos Humanos de la UCA ( IDHUCA), Lic. Benjamín Cuellar. 

El Padre Tojeira en su intervención hizo un completo relato histórico-cronológico del proceso judicial que se realizó en el país a los militares que participaron directamente en el asesinato de los sacerdotes jesuitas, la empleada y su hija. Resaltó sobre  todo el entramado y las argucias utilizadas por las diferentes instituciones del Estado encargadas de impartir justicia y que hicieron hasta lo imposible para que esta no se concretizara.

El ex rector de la UCA Detalló como la Corte Interamericana de Derechos Humanos nueve años después del asesinato resuelve recomendar al Gobierno una serie de acciones para hacer justicia en el caso y como el entonces Presidente Francisco Flores Pérez con relación a esto dijo que como eran recomendaciones, simplemente no las cumplirían.

Por su parte el Director del IDHUCA, Benjamín Cuellar, expuso con claridad la situación con relación al juicio promovido en una Corte judicial  de España y,  en especial, se refirió a la Difusión Roja emitida  por la INTERPOL en  contra 10 militares salvadoreños, donde implícitamente pedía su captura para ventilar la extradición  a España. Cuellar demostró con argumentos el mal proceder de los  Magistrados de la CSJ, que firmaron la resolución donde deciden no acatar lo mandado por la INTERPOL y dejan en libertad a los militares imputados.

Finalmente, el Rector del UCA el sacerdote jesuita Andreu Oliva leyó un comunicado donde la Universidad Centroamericana fija posición ante los acontecimientos nacionales derivados del auto de procesamiento de la Audiencia Nacional Española.

El comunicado destaca que  “La UCA no puede aceptar moralmente la resolución del pleno de la Corte Suprema de  Justicia, que obliga a dejar libre a los militares inculpados en el caso. Y no puede porque es una decisión política que no esta apegada a derecho. Es una decisión que irrespeta el derecho vigente en El Salvador y el derecho internacional. Es una decisión fundamentada en la mentira”.

También el pronunciamiento dice que “La sociedad salvadoreña ha recibido una información muy sesgada sobre el caso; los grandes medios de comunicación social han favorecido en su cobertura las opiniones y argumentos que afirman que el hecho ya ha sido juzgado, que ya prescribió, que la ley de amnistía impide cualquier juicio, que la Audiencia Nacional no tiene competencia, que el caso supone abrir las heridas  del pasado  y que la paz esta por encima de la justicia”.

El comunicado se refiere a que la mayor parte de la información y de las opiniones que se han vertido no responden a la realidad, sino a la defensa de intereses particulares, en especial de aquellos que decidieron y planificaron masacres contra el pueblo salvadoreño.

Mas adelante se aclara lo siguiente:  “ La UCA ni ha promovido ni es parte del proceso que sigue la Audiencia Nacional de España, pues nuestro principal interés es que el sistema judicial salvadoreño funcione y sea capaz de impartir verdadera justicia. Respetamos profundamente  el derecho de las victimas a buscar justicia donde se les escuche y puedan obtenerla.


Explica  el comunicado que este caso no es verdadero que se trate cosa juzgada ya que solo fueron juzgados los hechores materiales de la masacre y en condiciones desfavorables para establecer justicia. “Los autores intelectuales, las más altas autoridades de las Fuerzas Armadas de aquel momento los que planificaron y ordenaron la masacre, los que en su momento fueron señalados por la Comisión de la Verdad como responsables de aquel horrendo crimen, nunca han sido sentados en el banquillo de los acusados”.

El comunicado enfatiza que  “la UCA esta plenamente dispuesta al perdón. Pero siguiendo la tradición cristiana y católica, el proceso de reconciliación implica tres fases sin las cuales no es posible el perdón y estas son: Verdad, Justicia y Perdón”.

Finalmente, el pronunciamiento hace alusión a lo siguiente: “que el Presidente de la República se sienta satisfecho por esta resolución del pleno de la Corte nos produce mucha tristeza, pues con esa posición se pone del lado de aquellos que están dispuestos a impedir que resplandezca la verdad y la justicia, frustrando la esperanza de cambio que prometió al país”.

Bien, así las diferentes posiciones  referentes a  este controversial caso  que ha mantenido la atención de la ciudadanía salvadoreña  y que al final con la resolución anunciada de la CSJ, toman vigencia aquellas proféticas palabras de  Monseñor Oscar Arnulfo Romero, “la justicia en el país es como la serpiente que solo muerde a los descalzos”.

martes, 23 de agosto de 2011

Soldados a Afganistán, la historia se repite


Por: Iván C. Montecinos


Todo indicaba  que con este nuevo Gobierno no se volvería a tocar el tema de mandar tropas salvadoreñas a ser participes de guerras ajenas en lejanos países; pero nuevamente nos sorprende la información de que el Ejecutivo le pide a la Asamblea Legislativa aprobar el envío de  militares  a Afganistán para colaborar con las  fuerzas de seguridad de las Naciones Unidas (ONU) en labores técnicas y humanitarias. La petición es respaldada por la Organización del Atlántico Norte (OTAN).

Como era de esperar, con este anuncio de enviar soldados a Afganistán,   comienza una nueva polémica  y se pone en el tapete de la discusión, la conveniencia de enviar militares a una de la zona más convulsionada del mundo. Para comenzar en la Asamblea Legislativa, como siempre, los diputados representantes de partidos de la derecha, sin mayor análisis, de inmediato ofrecieron sus votos para aprobar esta petición del Ejecutivo; sin embargo el partido de Gobierno, el FMLN, en un primer momento muestra su desacuerdo  y al parecer  su posición la concretizará el día de la plenaria, donde se someterá a votación la petición presidencial y ellos no respaldaran.

Ciertamente sin los votos del FMLN, la Asamblea Legislativa puede aprobar la petición  y nuevamente estaríamos en otra situación controversial entre el Presidente de la República y el partido que lo llevó al poder; algunos dirán “este es el juego democrático” otros utilizaran esta situación para atizar el fuego político partidario. A pesar de todo, la operación militar  se llevara acabo, tal cual sucedió cuando en el pasado  se enviaron los contingentes militares a Irak, alguien se acuerda de ese hecho.

Vale la pena acordarse que durante los años del 2003 al 2008 los  Gobiernos de ARENA aprobaron  el envío de varios  contingentes de soldados a Irak, quienes supuestamente no realizaban tareas propias de combate, sino que se dedicaban a labores humanitarias y  de reconstrucción. Para  tranquilizar a la opinión publica en determinados momentos el Gobierno decidió enviara a Irak a algunos valientes periodistas “disfrazados” con vestimenta de soldados para que convivieran con la tropa y reportaran sobre el trabajo que estos realizaban en el terreno.

A pesar de todos los informes que detallaban el trabajo humanitario realizado por los soldados salvadoreños en Irak, al culminar  la participación  a finales del 2008, la Fuerza Armada reportó la muerte de cinco soldados y unos 25 heridos. Como olvidar la muerte en Irak del primer soldado de nombre Natividad Méndez Ramos, en el mes de abril de 2004, esta fue una noticia muy destacada por los medios de comunicación que informaron paso a paso hasta que sus restos llegaron al país, siendo recibido con altos honores de “héroe de la patria” por las altas autoridades militares y civiles.

A la muerte del soldado Ramos en Irak, continuaron otros fallecidos siendo ellos los soldados Carlos Armando Godoy, los sub sargentos José Miguel Perdomo, Donald Alberto Rivas  y el Capitán José Soto Ochoa. Cinco fueron los militares muertos en Irak, cinco héroes de la patria, a quienes casi nadie recuerda a excepción de sus familiares que como triste  recuerdo guardan fotografías y un pabellón nacional que les fue entregado en la dolorosa ceremonia de sus honras fúnebre

Hoy a escasos dos años y meses de que se suspendiera el envío de tropas salvadoreñas a Irak, nuevamente la historia se repite con la marcada diferencia de que,  el Gobierno que solicita enviar tropas a un país del Medio Oriente, es de izquierda y los argumentos utilizados son similares a los esgrimidos por los anteriores Gobiernos de derecha, lo  que no cambia, es la posición del partido FMLN  de mantener  al igual que   en el pasado   la inconveniencia de enviar tropas nacionales a otros países.

Otro hecho que llama la atención y que tampoco ha variado es la posición tomada por la opinión pública con acceso a los medios de comunicación quienes se están pronunciando en contra de la medida de enviar soldados a Afganistán. En aquellos  tiempos cuando se hacían mediciones para conocer la opinión de la ciudadanía, el resultado reflejaba que un 80 % de la población estaba en contra del envío de soldados a Irak.

Ahora como ayer, a pesar de las declaraciones emitidas por el Presidente de la República, Mauricio Funes, donde argumenta que con esta misión a Afganistán “nuestra Fuerza Armada gana prestigio” las opiniones vertidas en los diversos medios con relación a este tema  reflejan un abrumador desacuerdo. Solo falta por conocer la posición  de los diferentes sectores religiosos quienes en épocas pasadas exteriorizaron su punto de vista en contra de este tipo de medidas.

Como es muy  seguro de que en la plenaria de esta semana la Asamblea Legislativa apruebe este envío de tropas a Afganistán, solo nos queda desear que no se repitan las dolorosas  imágenes del pasado y que nuestros compatriotas regresen con bien para tranquilidad y felicidad de sus familiares.

Lástima por la historia que se repite, a los salvadoreños nos cuesta aprender de los errores del pasado.


jueves, 11 de agosto de 2011




El fantasma del pasado asusta en el presente


Por Iván C. Montecinos


El inicio de esta semana llegó acompañado de una noticia que ha desatado una fuerte controversia en los diferentes medios de comunicación, la entrega voluntaria de un grupo de militares requeridos por un juez español para ser juzgados  por  el asesinato de los sacerdotes jesuitas, una empleada y su hija,  terrible hecho ocurrido en el marco de la ofensiva guerrillera de noviembre de 1989.

El acto de que estos militares se hayan “resguardado” en el recinto del ex cuartel  de la extinta Guardia Nacional,  ha provocado   una serie de opiniones encontradas, unas a favor de que sean juzgados y otros argumentando que este proceso reabre las heridas de la pasada guerra y por consiguiente este hecho pone en peligro la democracia y la paz del país.

Cómo es de frágil nuestra democracia, pensar que una acción generada por una instancia judicial extranjera ha puesto en la picota  a instituciones salvadoreñas, como la Policía Nacional Civil, la Corte Suprema de Justicia (CSJ), la Presidencia de la República, el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Asamblea Legislativa, además del estamento militar, político  y  gremiales del gran sector empresarial.

Los diversos medios de comunicación en el transcurso de la semana no han parado de informar y analizar esta temática, por ahí han desfilado todo tipo de personajes, algunos con conocimiento, tratando de explicar las diferentes partes que comprende este tipo de procesos judiciales,  otros, como ciertos políticos,  no tienen ni la menor idea de lo que exponen, hablan pura verborrea, repiten como loros argumentos etiquetados, diciendo que de permitir que se juzguen a estos militares el país esta retrocediendo a épocas de la guerra y deben ser enjuiciados unos y otros participes del pasado conflicto armado, etc.

Toda esta difícil situación que hoy se plantea al país después de casi dos décadas de haberse firmado los Acuerdos de Paz, nos lleva a la reflexión de que sí en su debido momento las diversas instituciones del Estado salvadoreño hubieran funcionado como debería de ser, es decir cumplir  con la aplicación de justicia, no se estuviera hablando  del pasado;  pero lastimosamente en aquellos tiempos solamente se preocuparon por proteger a los supuestos responsables de cometer graves violaciones de los Derechos Humanos, con lo cual se potenció la impunidad, para algunos  organismos  especialistas en el tema, una muestra de ello es la controversial ley de amnistía. 

Nunca se pensó en que para sanar y cerrar  las heridas dejadas por la cruenta guerra civil era necesario conocer la verdad sobre las graves violaciones a los Derechos Humanos  y aquellas instituciones o personas señaladas en estos hechos hubieran sido juzgadas para esclarecer su culpabilidad o inocencia.  Luego  se hubiera pasado a un proceso de verdadera reconciliación.  

Ante la dificultad de lograr   que en el país se hiciera justicia en los casos de graves  violaciones de derechos humanos, algunos organismos nacionales e internacionales en representación de las victimas  han recurrido a buscar  justicia en otros Estados y es así que hoy el país se encuentra sumergido en un mar de controversias por uno de los tantos casos graves, tipificado como “Crimen de Lesa Humanidad”, el cual es ventilado en una Corte Judicial de España.

Difícil es para una instancia judicial extranjera  llevar adelante un juicio como el que hoy se promueve  por el asesinato de sacerdotes de  nacionalidad española,  máxime cuando se encontrarán   serios obstáculos para realizar una extradición de los imputados.

El Director del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana,  Benjamín Cuellar,  expresó durante una entrevista, sus dudas de que la Corte Suprema de Justicia resuelva favorablemente una extradición de los militares imputados, debido a que hace un tiempo el Juez español, Eloy Velasco, requirió documentación pertinente sobre este caso y la máxima instancia judicial salvadoreña se negó a entregársela por lo cual  considera que de igual forma actuara ahora.

Pase lo que pase con el tiempo se conocerán los resultados sobre este publicitado caso; pero lo cierto es que mientras tanto aquí en el país los militares requeridos en España, están siendo sometidos a un juicio mediático basado en una serie de especulaciones que provoca   mayor incertidumbre a los implicados, sus familias y la sociedad. Como bien  dijera el Procurador de Derechos Humanos, Oscar Luna, “no hay que adelantar juicios, se debe dejar que la justicia funcione”.

Que la justicia realmente funcione es lo que esperan en primera instancia los familiares de los sacerdotes jesuitas y la empleada  quien junto a su hija fue brutalmente  asesinada un 16 de noviembre de 1989.  

miércoles, 3 de agosto de 2011


Turismo, Delincuencia e Información.


Por Iván C Montecinos


El pasado domingo 31 de julio,  uno de los periódicos nacionales  publicó  una información sobre el auge  delincuencial en la ciudad de Ilobasco, departamento de Cabañas, esta noticia si se refiriera a un lugar de persistencia delictiva  hubiera pasado desapercibida; pero en este caso produjo mayor impresión por tratarse de  un reconocido  destino  turístico donde se procesa la mejor artesanía de barro de El Salvador.  

Como es de suponer,  esta información publicada al inició de un periodo vacacional, en un periódico de incidencia  nacional e internacional cayó como balde de agua fría en la generalidad  de  artesanos y dueños de tiendas artesanales, causando una tremenda preocupación por el impacto que esta noticia  tendría en las personas que están  planificando visitar Ilobasco en las vacaciones agostinas. El sentir generalizado de los artesanos fue de que en estas vacaciones habrá   una baja sensible de turistas a Ilobasco, generando un mayor deterioro  en la maltrecha economía de los que viven de la producción y venta de artesanías.

No se trata de cuestionar la veracidad de la información del periódico, considerando que tienen fuentes de crédito con las cuales sustentan la información, muy preocupante por cierto,  escriben que estructuras delincuenciales de pandillas que operaban en Soyapango y Lourdes, ante el fuerte acoso policial estos han emigrado a barrios periféricos de la ciudad de Ilobasco, donde se han incrementado los actos delincuenciales como asesinatos y extorsiones.

Más grave aún cuando El Diario de Hoy textualmente dice:  “Fuentes policiales aseguran que las estructuras de pandillas han logrado infiltrase en la policía. Las fuentes detallaron que los pandilleros de la 18 y algunos agentes de la subdelegación de la Policía Nacional Civil de Ilobasco mantienen una constante comunicación, para que estos últimos los encubran cuando los delincuentes cometen los homicidios”.

Al analizar fríamente  la información antes citada, se tiene la percepción de que en Ilobasco reina el caos y su población se encuentra totalmente desprotegida,  ya que hay  desconfianza en las autoridades encargadas de la seguridad, por estar supuestamente vinculadas a los delincuentes. Realmente con este negro panorama, es muy difícil esperar que el turismo en la ciudad de los muñecos  se incremente y  logre alcanzar un mejor desarrollo.

Ante esta difícil situación entre  turismo y delincuencia es importante  hacer una reflexión y preguntarse ¿ es posible desarrollar  el turismo en poblaciones, ciudades y países con alto grado delincuencial como el que actualmente vive  El Salvador? . Bueno sería  que nuestras autoridades de turismo se remitieran a estudiar  a países como México, Colombia, Guatemala y otros lugares de Latinoamérica quienes a pesar  de sus dificultades con la delincuencia han  logrado posicionar su turismo a gran escala.

Mientras tanto algo se debe hacer en el país para desarrollar el turismo, a pesar de la ola delincuencial.  Es importante recapacitar que en este tema las comunidades juegan un papel preponderante en potenciar  sus destinos,  trabajando  junto con los   gobiernos locales y otras instituciones  para impulsar  proyectos que beneficien el turismo. Guatemala recién nos ha mostrado con su ejemplo como han promocionado intensamente   por la radio y la televisión bonitos spot publicitario  con el fin de  motivar a los salvadoreños que visiten su país en estas vacaciones de agosto, resultado, muchos compatriotas, a pesar de todo, están saliendo para el país de la eterna primavera.

Aquí en El Salvador tenemos ejemplos de cómo algunas poblaciones trabajan arduamente para contrarrestar  el fenómeno de la delincuencia y se han organizado en función de atraer el turismo, tal es el caso de los pueblos que integran la “Ruta de las Flores”, Juayua, Ataco, Nahuizalco, Apaneca y Salcoatitan. También otras poblaciones como Suchitoto, San Ignacio, La Palma y Alegría  están trabajando en la misma dirección.

En consecuencia, los pobladores,  los artesanos y empresarios artesanales de Ilobasco deberán  trabajar unificados y exigir de las autoridades municipales y de seguridad  un mayor involucramiento, para brindarle a los residentes y  turistas  mayor confianza en su estadía en la población. Además de que las autoridades  trabajen  fuertemente en la seguridad,  es necesario lanzar campañas promociónales,  ya que solamente de esta manera se logrará que en los medios de comunicación ya no  publiquen noticias negativas como la del 31 de julio.  Total  no se trata de  esconder la basura bajo  la alfombra o detrás de puerta.